El Código de Procedimiento Penal colombiano (Ley 906 de 2004) establece unos lineamientos para la medida de aseguramiento, el cual contiene un abanico de medidas privativas y no privativas de la libertad desde que inicia el proceso penal hasta que el Juez Penal de conocimiento emita la sentencia.  

En primer lugar, es necesario precisar que la medida de aseguramiento no implica necesariamente una privación de la libertad, dado que conforme al artículo 307 de la Ley 906 de 2004, existen varias medidas, las privativas de la libertad, como lo son la reclusión en un establecimiento carcelario o la detención preventiva en la residencia del procesado.

Pero existen otras medidas que no son privativas de la libertad, como lo son el someterse a un mecanismo de vigilancia electrónica, la obligación de presentarse ante el Juez Penal cuando este lo requiera, la prohibición de salir del país, la prohibición de comunicarse con la víctima, entre otras medidas que no implican privación de la libertad, tal como lo establece el articulo 307.

En segundo lugar, las medidas de aseguramiento privativas de la libertad, solo podrán imponerse cuando quien las solicite they they, ante el Juez de Control de garantías, que las no privativas de la libertad son ineficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento.

En tercer lugar, según el artículo 308, la medida de aseguramiento es procedente cuando de los elementos materiales probatorios allegados por la Fiscalía se pueda inferir razonablemente que el procesado es el autor o participe de la conducta punible que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de estos requisitos:

  1. Que la medida se muestre como necesaria para impedir que el proceso obstruya el ejercicio de la justicia.
  2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
  3. Que resulte probable que el procesado no comparezca al proceso o que sea posible que se fugue.

Además, según el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal, cuando se cumpla alguno de los requisitos anteriores, procederá la detención en el establecimiento carcelario en los siguientes casos:

  1. En los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado.
  2. Cuando el mínimo de la pena prevista por la ley no exceda los 4 años de prisión.
  3. En los delitos que estén relacionados con los derechos de autor, cuando la defraudación sobrepase los 150 salarios mínimos.
  4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito, dentro de los 3 años anteriores.

De esta manera, la Ley 906 de 2004 ofrece un abanico de medidas de aseguramiento que pueden ser solicitadas, tanto por la Fiscalía como por la Defensa del procesado, y, es el Juez Penal de Control de Garantías el que toma la decisión sobre la medida más idónea para cada caso concreto.

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